Es un hecho casi plenamente asumido por los responsables políticos de los países desarrollados que la ciencia y la tecnología son un elemento indispensable para la elaboración de políticas de fomento y desarrollo económico y social. Sin embargo, no existe unanimidad en los distintos países y entre los diferentes gobiernos respecto al grado de asunción de esta verdad. De ahí que se detecten diferencias en lo que concierne a la intensidad del esfuerzo -medido en inputs, tanto económicos como relativos a recursos humanos- que se debe aplicar en la promoción de la ciencia y la tecnología, así como en el modelo organizativo con que se pretenden afrontar estas políticas. Dicho en otras palabras, el reconocimiento de la carta de naturaleza de la política científica y tecnológica durante la segunda mitad de siglo ha venido acompañado por una profunda evolución de los principios que informan tales políticas.
Esta evolución crítica de la acción pública en ciencia y tecnología coincide además con la existencia de profundas convulsiones geopolíticas en la que las referentes han experimentado evidentes alteraciones, lo que ha conducido a una sensación de confusión y conflicto.
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